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Gobierno denuncia inconstitucionalidad de la ley del bono contra el hambre

La Paz, 17 sep (ABI).- El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra la ley que crea el bono contra el hambre, promulgada por la Cámara de Senadores, controlada por el MAS.

«Ante esto, vamos a mandar al Tribunal Constitucional un recurso abstracto de inconstitucionalidad para que revise esta ley promulgada y prevalezca la Constitución Política del Estado (CPE)», informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, a la red Unitel.

El anuncio se registra luego de que la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), promulgó el miércoles dicha norma, que dispone el pago de un bono de Bs 1.000 para las personas que no perciben un salario.

La promulgación se dio después de que la presidenta Jeanine Áñez devolvió la norma al Legislativo debido a que hizo observaciones de varios artículos.

En esa línea, Alanoca señaló que la norma es «inviable» porque establece que el pago del bono se financiará con los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pero esos recursos ya fueron destinados para apoyar a las familias para paliar los efectos económicos por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El 18 de agosto de este año, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley: el crédito del BM por $us 254,3 millones y el del BID, por $us 450 millones, para reponer los recursos que se utilizaron en el pago de bonos sociales, la Renta Dignidad y una parte de la subvención de las tarifas de electricidad.

La autoridad indicó que los organismos enviaron dos cartas en las que señalan que no pueden otorgar ese préstamo para ese bono, porque dichos recursos ya se destinaron a otras partidas.

«Por eso, es un proyecto de ley inviable y la presidenta del Senado nos quiere inducir a cometer un error al promulgar una ley que no se puede cumplir», aseguró Alanoca.

Ante este hecho, el Viceministro anunció que se analiza una denuncia penal contra Copa por el delito de malversación de fondos.

El miércoles, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, calificó  la ley promulgada por el MAS como una acción política y de «demagogia electoralista».

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