Jueza levanta la orden de aprehensión contra Evo Morales y desata escándalo judicial
Un nuevo capítulo en la polémica historia judicial de Bolivia estalló esta semana cuando la jueza Lilian Moreno Cuellar decidió levantar la orden de aprehensión contra Evo Morales, dejando en suspenso los actos procesales en su contra. El exmandatario está acusado de haber tenido una hija con una menor de edad, un caso que vuelve a poner en el foco no solo a Morales, sino al sistema de justicia del país.
El proceso, que lleva años dando vueltas sin resolverse, cobró fuerza tras la declaración de Cindy Saray, la supuesta víctima, quien reveló al medio internacional The News que su hija con Morales nació en febrero de 2016 y tiene hoy 8 años. Un certificado de nacimiento registrado en Yacuiba, Tarija, confirma que Juan Evo Morales Ayma figura como el padre. Pese a esto, la denuncia ha enfrentado una serie de obstáculos judiciales que muchos califican como maniobras de protección política.
La decisión de la jueza Moreno no fue la primera en beneficiar al líder cocalero. En octubre del año pasado, cuando el caso volvió a la luz pública, también anuló una orden de apremio y trasladó el expediente a Villa Tunari, Cochabamba, bastión político de Morales, a pesar de que los hechos se habrían producido en Tarija.
Moreno Cuellar, de 46 años, tiene una trayectoria cargada de cargos públicos: fue jefa distrital del Servicio de Impuestos Nacionales en Tarija, dirigió el área jurídica en Santa Cruz y, en 2019, asumió como jueza. Pero su nombre también ha sido vinculado a otros escándalos: su esposo fue denunciado por tráfico de áreas mineras y ella misma fue señalada por presunta suplantación de firmas para acceder a concesiones mineras en Santa Cruz.
Tras el reciente fallo a favor de Morales, Moreno viajó a La Paz y desde entonces se desconoce su paradero. La Policía sospecha que podría haber salido del país por una frontera terrestre, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades judiciales y el Gobierno.
El Consejo de la Magistratura y el Gobierno Central han anunciado que iniciarán un proceso administrativo y penal contra la jueza, cuya actuación ha encendido el debate sobre la independencia del poder judicial en Bolivia y su presunta instrumentalización política.
Este caso no solo pone bajo la lupa a Evo Morales, sino que cuestiona la solidez institucional de un sistema que, para muchos bolivianos, parece seguir operando en función de intereses personales y no de justicia.
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