Ministerio de Educación anula 45 contratos irregulares
El Ministerio de Educación ha puesto fin a 45 contratos irregulares que, según la entidad, representaban una sangría mensual de casi medio millón de bolivianos para el Estado. La ministra del ramo, Beatriz García, anunció la rescisión inmediata de estos acuerdos, denunciando que las contrataciones respondían a criterios políticos y de nepotismo, en lugar de a necesidades técnicas.
El anuncio se enmarca en la nueva política de «desburocratización, austeridad y uso responsable de los recursos» que busca implementar la nueva gestión. Según un comunicado de prensa, una revisión interna detectó «contrataciones innecesarias y de carácter político partidario».
La ministra García fue enfática al señalar el compromiso de su despacho con la transparencia. “No podemos permitir el uso discrecional de los recursos públicos. Nuestro compromiso está con la gestión eficiente, transparente y orientada a la educación de calidad que el país merece”, enfatizó la autoridad.
Para poner las cifras en contexto, el Ministerio de Educación opera actualmente con 406 funcionarios públicos. Los 45 contratos ahora anulados representaban más del 10% de esa planilla, con un gasto que la propia ministra describió como «cercano al medio millón de bolivianos por mes».
La investigación interna arrojó detalles preocupantes sobre el origen de estas contrataciones. Según la cartera de Estado, los 45 funcionarios fueron contratados privilegiando «criterios político partidarios y de nepotismo», dejando de lado la meritocracia o las necesidades reales del ministerio.
El factor tiempo también ha levantado sospechas. Todos estos contratos fueron efectuados en un corto y sensible periodo, entre agosto y noviembre del presente año.
El detalle que más llama la atención, y que subraya la presunta irregularidad, es que cinco de estas contrataciones se firmaron apenas dos días antes de la posesión del nuevo gabinete ministerial. Esta acción sugiere un intento de última hora por asegurar puestos antes del cambio de administración.
Con esta medida, la ministra Beatriz García busca enviar una señal contundente de ruptura con lo que describió como «viejas prácticas». Se espera que los fondos ahorrados, que superan los 5 millones de bolivianos al año, sean redirigidos a programas que impacten directamente en la calidad educativa de los estudiantes del país.
