Lara pedirá anular el bono navideño en el sector público

El vicepresidente electo Edmand Lara anunció que solicitará dejar sin efecto, mediante un nuevo decreto supremo, la norma que habilita el pago de un bono navideño a los funcionarios públicos. “Decreto mata decreto. Vamos a sugerir a Rodrigo Paz que emita otro decreto para anular ese beneficio”, declaró, al advertir posibles auditorías y procesos por presuntos adelantos irregulares del pago en ministerios.
La polémica se encendió luego de que Lara denunciara que en el Ministerio de Justicia “se está adelantando el bono de Navidad”, una práctica que —afirmó— se replicaría en “diferentes carteras de Estado”. Según su versión, la normativa vigente habría permitido la asignación, hacia fin de año, de vales por Bs 1.000 para supermercados en todos los ministerios del actual gobierno.
Lara cuestionó también el origen de los fondos. Recordó que el viceministro Jorge Silva sostuvo que el beneficio “data de hace mucho tiempo” y que existe un decreto que lo respalda, financiado con los recursos provenientes de descuentos por atrasos o inasistencias del personal. “Si se descuenta por llegar tarde o no asistir, ¿por qué esa plata se devuelve a fin de año? No puede convertirse en un premio para quien no cumple”, reclamó el vicepresidente electo.
La propuesta de anulación se enmarca en un discurso de austeridad. “Basta con el aguinaldo; estamos en tiempos de crisis y toca ajustarse el cinturón, especialmente en el sector público”, sostuvo. Además, adelantó que se revisarán los pagos efectuados “antes de diciembre” y que se iniciarán procesos contra quienes “se adelantaron al pago del bono navideño, sobrepasando la normativa”.
De prosperar el pedido, el próximo gobierno buscaría emitir un nuevo decreto que deje sin efecto el beneficio actual, una medida que abriría un necesario debate sobre la política salarial y los incentivos en la administración pública. Mientras tanto, la promesa de auditorías apunta a esclarecer si hubo o no irregularidades en el calendario de pagos y en el uso de recursos provenientes de sanciones laborales.
El tema promete seguir en agenda: por un lado, el llamado de Lara a terminar con un beneficio que considera injustificado; por el otro, la argumentación de autoridades salientes que señalan que el bono navideño cuenta con sustento legal. En el centro, el contribuyente, atento a si el próximo ajuste será un gesto simbólico de disciplina fiscal o el inicio de cambios más profundos en la gestión del gasto público.