Por qué no hay interés de empresas privadas para importar y vender combustibles
El gobierno boliviano enfrenta desafíos significativos en su intento de implementar la libre importación y comercialización de combustibles sin subvenciones estatales, según lo establecido por el Decreto Supremo 5271. Hasta la fecha, ninguna empresa privada ha mostrado interés en registrarse para llevar a cabo estas actividades, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de esta política.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, confirmó que hasta el mediodía del pasado domingo no se había recibido ninguna solicitud formal para importar y comercializar combustibles bajo el nuevo marco legal. Esto ocurre a pesar de que recientemente se publicaron los precios referenciales para la venta de gasolina y diésel, los cuales se consideran significativamente elevados en comparación con los precios actuales subvencionados. Según el anuncio, el costo referencial sería de 1,20 dólares por litro de gasolina y 1,24 dólares por litro de diésel, más de tres veces el precio actual.
El Decreto 5271 había generado inicialmente expectativas positivas, al abrir la posibilidad de reducir el gasto estatal en subsidios de combustibles, que actualmente alcanza un promedio de 8 millones de dólares diarios. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente, en parte debido a la disparada del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo, que alcanzó los 12,50 bolivianos por dólar el pasado 22 de noviembre. Esto generó incertidumbre tanto en los potenciales importadores como en los consumidores.
A pesar de estos retos, el gobierno ha decidido incluir en el Presupuesto General del Estado 2025 la continuidad de las subvenciones, asignando recursos para mantener los precios actuales de los combustibles a lo largo de todo el año. Según datos oficiales, Bolivia importa más del 50% de la gasolina y el 86% del diésel que consume, lo que representa un gasto semanal de 56 millones de dólares.
Esta situación refleja el dilema económico que enfrenta el país: mientras la subvención sigue representando un alto costo para las finanzas públicas, la libre importación parece estar lejos de convertirse en una solución viable debido a los altos precios de mercado y las reacciones adversas en el sistema financiero. ¿Logrará el gobierno revertir esta situación o se mantendrá la dependencia de las subvenciones? La respuesta sigue siendo incierta.
