Diputada denuncia presión de magistrados autoprorrogados
¿Chantaje para habilitar a Evo?
Una nueva controversia sacude el escenario político boliviano. La diputada Luciana Campero denunció públicamente que un grupo de magistrados autoprorrogados estaría ejerciendo presión para ser blindados en sus cargos ilegales, bajo la amenaza de habilitar a Evo Morales como candidato presidencial para las próximas elecciones.
El señalamiento fue hecho a través de redes sociales, donde Campero detalló que los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —instancia encargada de interpretar la Constitución Política del Estado— estarían condicionando su permanencia hasta 2028 a cambio de permitir que Morales vuelva a postularse.
Todo esto ocurre en medio de un contexto de crisis judicial. En diciembre pasado, Bolivia debía realizar elecciones para renovar las máximas autoridades judiciales, pero estas se ejecutaron de forma parcial y con papeletas distintas en cada departamento. ¿La razón? Siete magistrados —dos del Tribunal Supremo de Justicia y cinco del TCP— decidieron prorrogarse a sí mismos en el cargo, impidiendo la renovación del sistema judicial como manda la ley.
La denuncia pone nuevamente en el centro del debate al expresidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019 y busca una quinta candidatura presidencial. Morales está actualmente inhabilitado por una sentencia del mismo Tribunal Constitucional que ahora es acusado de chantaje. Según Campero, los magistrados buscan permanecer en sus cargos, a pesar de que su mandato ya terminó, y usar su poder para modificar decisiones clave que afectarían el rumbo político del país.
En respuesta, Iván Espada, uno de los magistrados cuestionados, negó tajantemente las acusaciones, calificándolas como «ataques políticos sin fundamentos». Sin embargo, el ambiente no deja de calentarse: mientras se discute esta supuesta presión judicial, se conoció que fue levantada la orden de aprehensión contra Evo Morales… aunque no por mucho. Un juez del Tribunal de La Paz revirtió el fallo, manteniendo vigente la orden judicial en su contra.
Este escenario plantea preguntas urgentes: ¿hasta qué punto está comprometida la independencia judicial en Bolivia? ¿Y qué consecuencias tendría una nueva candidatura de Evo Morales en un país cada vez más polarizado?
Por ahora, la tensión entre el poder judicial y el legislativo parece lejos de resolverse. La denuncia de chantaje no solo reaviva viejos conflictos, sino que también deja en evidencia la fragilidad institucional que atraviesa Bolivia a las puertas de un nuevo proceso electoral.
¿Creés que Evo debería volver a postularse?