Juez declara en rebeldía a Evo Morales y ordena su aprehensión y anotación de bienes por caso de trata de personas

El juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró este viernes en rebeldía al expresidente Evo Morales. Además, ordenó su búsqueda y aprehensión, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes, en el marco de una investigación por un presunto caso de trata de personas con agravante.

La decisión judicial se tomó luego de que Morales no asistiera a una audiencia programada, argumentando un supuesto “delicado estado de salud”. Sin embargo, el juez consideró que los documentos médicos presentados por la defensa, que incluían un examen de sangre y una radiografía sin datos verificables, no eran suficientes para justificar su inasistencia.

“El suscrito juez de instrucción penal, en virtud de los antecedentes, declara rebelde al imputado Juan Evo Morales Ayma”, afirmó el juez Rocabado, citando los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, que permiten declarar la rebeldía de un imputado por incomparecencia injustificada.

Morales es investigado por mantener una relación íntima con una adolescente en 2015, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, lo que agrava la acusación de trata de personas.

Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que el caso ha ingresado en la etapa preparatoria, destacando que la orden de aprehensión ahora proviene directamente del juez. “Con esto ya hemos entrado a otra etapa, que es la preparatoria. Ya tenemos orden de aprehensión emitida por el juez, y ya no por la Fiscalía”, indicó Gutiérrez.

Entre las medidas dispuestas por el juez, destacan:

• Arraigo nacional para evitar la salida del país del imputado.
• Publicación de un edicto con los datos personales de Morales en los portales oficiales del Ministerio Público y el Órgano Judicial.
• Designación de un abogado de oficio que represente al acusado.

La decisión marca un punto crítico en el caso y subraya la postura de la justicia boliviana en el combate a delitos de esta naturaleza. Las autoridades judiciales y fiscales enfatizan que las acciones legales se desarrollarán con apego a las normativas vigentes, garantizando el debido proceso.