Alcón quienes cometieron delitos y causaron daños durante los bloqueos deben responder ante la justicia
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, subrayó este viernes que los responsables de los delitos y los daños económicos provocados durante los bloqueos de caminos de 24 días deben enfrentar a la justicia, siempre en el marco del respeto al debido proceso.
“Deben responder ante la justicia en el marco del respeto al debido proceso, porque se ha afectado al Estado, a la población, a la economía y a la libre transitabilidad”, declaró Alcón en una conferencia de prensa. Las declaraciones apuntan a los promotores del bloqueo, identificados como afines al expresidente Evo Morales, quienes llevaron adelante esta medida entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.
La viceministra destacó que el bloqueo causó un impacto negativo significativo, generando pérdidas económicas superiores a los 2.200 millones de dólares. Este daño afectó a empresas de todos los tamaños, sectores productivos, transportistas, gremiales y a la población en general.
Además, Alcón denunció que en los puntos de bloqueo se registraron agresiones violentas contra policías, periodistas, personal de salud y transportistas. En zonas como Parotani y Mairana, los bloqueadores retuvieron a periodistas y policías, utilizando explosivos y dinamita para resistir los operativos de desbloqueo.
Particularmente alarmante fue la violencia dirigida hacia al menos 25 periodistas, quienes fueron atacados con palos, piedras y explosiones de dinamita. Además, se les robó material de trabajo, una acción que Alcón calificó como inaceptable.
“Quienes cometieron delitos deben ser investigados y responder ante la justicia. No pueden pretender quedar impunes tras causar daños de esta magnitud”, enfatizó la viceministra.
Entre los líderes identificados de estos bloqueos figuran Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes fueron aprehendidos el miércoles por la noche y ahora enfrentan acusaciones por al menos 12 delitos, incluidos alzamiento armado y terrorismo. Según informes de la Policía Boliviana, en el domicilio de Cucho se hallaron municiones y armamento de guerra.
Asimismo, se ha emitido una orden de aprehensión contra Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana, quienes también son acusados de terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado.
El caso refleja una creciente tensión política en Bolivia, con el gobierno movilizando recursos para garantizar que los responsables de estos hechos rindan cuentas ante la justicia.
