El Gobierno busca pagar combustible con préstamos para proyectos sociales en Bolivia
En medio de una crisis histórica de escasez de combustible, el gobierno de Bolivia ha propuesto una solución que está generando controversia en diversos sectores del país. Se trata de un crédito por más de 1,600 millones de dólares que, según las autoridades, se destinaría para la compra de combustible, pero ¿realmente será este el fin del dinero o hay algo más detrás de esta medida? Aquí te contamos todos los detalles.
El 20 de febrero de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un informe sobre la gestión del país, donde se mostró una tabla con los créditos solicitados por el gobierno. En total, se detallaron 16 proyectos para financiar diversas iniciativas, pero ninguno de estos proyectos está relacionado directamente con la compra de combustible. Esto ha levantado muchas dudas, ya que, aunque las autoridades aseguran que los créditos servirán para cubrir la escasez de gasolina y otros combustibles, no aparece ninguna mención explícita de este uso.
Gabriela Alcón, viceministra de comunicación, y Marianela Prada, ministra de la presidencia, han culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de la crisis de combustible, asegurando que el retraso en la aprobación de estos créditos ha generado la actual falta de abastecimiento. Ambas acusaron a la oposición de boicotear la situación, lo que agrava aún más el conflicto político.
Sin embargo, la versión del economista Fernando Romero es completamente distinta. Romero afirma que el gobierno está intentando utilizar recursos destinados a programas sociales y productivos para solventar una crisis de gasto corriente. Según él, este tipo de préstamo no puede ser utilizado para comprar combustible, ya que su finalidad debería ser apoyar proyectos de largo plazo, no cubrir una emergencia de abastecimiento. Esta observación ha sido respaldada por otros expertos, entre ellos Gonzalo Chávez, quien sostiene que sería ilegal destinar estos fondos a la compra de combustible.
El gobierno ha argumentado que la crisis de combustible se debe a una suposición de sobredemanda por parte de la población, lo que ha generado pánico y aumentó la presión sobre las autoridades. A pesar de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) han asegurado que el abastecimiento sigue siendo “normal”, la situación se ha vuelto cada vez más grave, y, por primera vez en años, las autoridades han reconocido que no podrán continuar importando combustible sin la aprobación de los créditos necesarios.
La ministra Prada explicó que el gasto semanal para la importación de combustibles es de 60 millones de dólares, una cifra que parece insostenible si no se aprueba la financiación urgente. Sin embargo, la forma en que el gobierno planea obtener esos fondos ha generado un debate legal y económico sobre la legalidad de destinar préstamos sociales a cubrir una necesidad inmediata como la importación de combustible.
Lo que parecía una solución rápida ante la escasez de gasolina y otros combustibles, ha derivado en un conflicto político y económico que pone en evidencia las tensiones dentro del gobierno y las dudas sobre la transparencia de la gestión. Lo que es claro es que la población sigue enfrentando largas filas y una incertidumbre que afecta cada vez más a la vida diaria de todos los bolivianos.
Esta situación seguirá siendo un tema candente en los próximos días, y es probable que las respuestas de las autoridades, junto con los análisis económicos, definan el rumbo de las políticas energéticas y sociales del país en los próximos meses.
