Lilian Moreno, la jueza que benefició a Evo Morales
Una decisión judicial reavivó la controversia en torno al expresidente Evo Morales y desató una ola de cuestionamientos sobre el rol que juega el poder judicial en Bolivia. La protagonista de este nuevo capítulo es Lilian Moreno Cuellar, una jueza que ha favorecido al líder cocalero en más de una ocasión y que ahora se encuentra bajo investigación.
Esta semana, Moreno dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Morales y congeló todos los actos procesales relacionados con la denuncia que lo acusa de haber tenido una hija con una menor de edad. El caso estalló con fuerza luego de que Cindy Sarí, la presunta víctima, revelara en un medio internacional que tuvo una hija con Morales en 2016, cuando ella tenía solo 15 años. Según sus declaraciones, su hija ya tiene ocho años y le habrían hecho cambiarle el apellido para ocultar la paternidad del exmandatario.
A pesar del revuelo, existe un certificado de nacimiento oficial en el que Juan Evo Morales Ayma figura como padre, lo que ha puesto en jaque al sistema judicial boliviano. No es la primera vez que Lilian Moreno actúa en favor del exmandatario. En octubre del año pasado, cuando el caso comenzó a tomar notoriedad, anuló otra orden judicial y ordenó trasladar el proceso a Villa Tunari, Cochabamba, el bastión político y social del MAS, aunque los hechos ocurrieron en Tarija.
Pero ¿quién es realmente esta jueza? Moreno, de 46 años, tiene un largo historial en la función pública. Ha ocupado cargos importantes en el área jurídica del Servicio de Impuestos Nacionales, tanto en Tarija como en Santa Cruz, además de haber trabajado en ENFE antes de asumir como jueza en 2019, poco antes de la salida de Morales del poder.
Su carrera no ha estado libre de polémica. En los últimos años, su nombre también ha estado vinculado a un caso de tráfico de áreas mineras en Santa Cruz, donde incluso se la acusó de suplantar firmas para facilitar el acceso a territorios con recursos mineros, lo cual salpicó a su esposo, señalado por vínculos políticos y económicos turbios.
Tras la decisión judicial más reciente, Moreno viajó a La Paz y, según fuentes policiales, podría haber salido del país por la frontera. El Consejo de la Magistratura y el Gobierno Central ya anunciaron procesos administrativos y penales en su contra, mientras la opinión pública y sectores sociales exigen transparencia y el fin de la impunidad.
Este caso ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en Bolivia y deja abierta una gran interrogante: ¿hasta qué punto la justicia está al servicio del poder?
¿Te gustaría que profundice más sobre el trasfondo político o judicial del caso?
