El gobierno de Bolivia ha declarado oficialmente desastre nacional tras los devastadores incendios que han arrasado con 7 millones de hectáreas solo en el departamento de Santa Cruz. Esta cifra marca un hito trágico en la historia reciente del país, siendo considerado el mayor desastre ambiental de las últimas décadas. La región de la Chiquitanía, uno de los ecosistemas más importantes de Bolivia, ha sido devastada, con más de 10 millones de animales calcinados.
La población y los activistas habían estado pidiendo la declaratoria de desastre durante meses, pero fue solo después de alcanzar esta cifra crítica que el gobierno tomó la decisión. Sin embargo, la medida ha generado controversia, ya que el presidente Luis Arce ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos millonarios por un total de 32.5 millones de dólares para atender la emergencia.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, declaró que ya se ha recibido ayuda significativa y no se esperan más recursos. Sin embargo, también pidió que la Asamblea apruebe los créditos para financiar programas de emergencia por desastres naturales y salud. La oposición política ha denunciado esta solicitud como un chantaje del gobierno, que busca usar la catástrofe ambiental como excusa para obtener más fondos.
Este incendio supera ampliamente el récord previo de 2019, cuando bajo el gobierno de Evo Morales se incendiaron 5 millones de hectáreas. La devastación actual es mucho mayor, y aunque se han implementado acciones, la demora en la declaratoria de desastre ha generado preguntas. La ley 602 establece que el gobierno debe tomar acciones más tempranas para evitar la escalada de estas crisis.
Con la declaración de desastre, ahora existe una responsabilidad por parte de la comunidad internacional de intervenir. Sin embargo, aunque la ayuda externa puede aliviar parte de la emergencia, nada podrá devolver las 7 millones de hectáreas destruidas ni las millones de vidas que se han perdido en este desastre sin precedentes.
Esta situación deja muchas interrogantes sobre las futuras acciones del gobierno y la capacidad de Bolivia para manejar crisis ambientales de esta magnitud. El país deberá hacer frente no solo a la recuperación ecológica, sino también a las implicaciones económicas y sociales que traerán consigo estos incendios.
La comunidad internacional, los activistas y la población boliviana estarán observando de cerca cómo se gestionan los recursos y las ayudas en los próximos meses.
